Publicado en El Pais, 9 de Septiembre 2021.
No es ningún secreto que muchas empresas y gobiernos han estado intentando iniciar el regreso a la oficina. Muchos han optado por un modelo híbrido en el que se trabaja en oficina entre 2 a 3 días a la semana en la oficina y el resto del tiempo trabaja desde casa. También se han instituido medidas de seguridad como la desinfección y el uso de mascarillas para evitar un brote en el trabajo. Sin embargo, el paso más grande que muchos están dando es el requisito de la vacunación de los empleados y muchos se preguntan qué hacer con aquellos que la rechazan. La solución más popular parece ser someter a los antivaxxers a pruebas periódicas de COVID-19. Estas pruebas pueden ser eficaces o no, pero nadie ha decidido todavía quién debe pagar por ello.
Para aquellos que no lo saben, la prueba de COVID-19 no es barata, la última vez que tuve que tomar una para viajar, pagué $ 225 por una y, aunque los precios comienzan a bajar, aún debe esperar pagar un promedio de $ 150 cada vez que se deba obtener un hisopado nasal, lo que significa que incluso si solo estuviera sujeto a una prueba semanal, aún puede impactar grandemente su bolsillo.
Ahora puede pensar que debido a que la política de la empresa es vacunarse, una persona que decida no vacunarse debería ser quien pague la prueba. Esto porque es su propia elección de vacunarse o no. Cuando viajé, sabía que tenía que hacer el examen para volver, era mi elección y no la de nadie más y si no quería hacer el examen simplemente podía quedarme en casa y no viajar. En segundo lugar, su decisión de no recibir la vacuna podría poner a otras personas en riesgo y, si causa un brote, podría hacer que la productividad de la empresa disminuya poniendo en peligro a otras personas.
Para aquellos que no reciben la vacuna, es su elección hacerlo, pero eso significa que deben enfrentar las consecuencias de su decisión, ya sea que no se les permita viajar, ir a un evento deportivo pagando estas pruebas por sí mismo.
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