Publicado en El Pais, 16 de Mayo 2020.
En este tiempo de COVID-19 muchos funcionarios públicos están tomando ventajas y aprovechando su poder. Presento dos ejemplos para la reflexión. El primero es utilizar los aviones del FAB para llevar amigos y funcionarios públicos que no pueden caminar a cumpleaños o entregas de material COVID-19 que quizás valen menos que todo el viaje realizado. El segundo ejemplo es el de los viajeros bolivianos que llegaron de Estados Unidos. Primero fueron obligados a tomar cuarentena de 14 días en un hotel de 5 estrellas donde una botella de agua pequeña costaba 15 Bs. Una persona debe consumir 2 litros de agua y esto le costaría 60 Bs/día. Después de que BOA aceptó públicamente que rompió los protocolos de viaje al aceptar que ingresen personas con y sin prueba de COVID-19 al avión, BOA debería haber pagado los 7 días extras de las personas que sí se realizaron el test, pero el hotel obligó a los pasajeros a pagar la estadía y consumo. Peor aún, el día que les tocaba realizar su viaje para las ciudades correspondientes, un funcionario público les dijo que deberían realizarse la prueba de COVID-19 en la clínica Foianini donde pagarían 140 dólares. Muchos no quisieron pagar porque hay un centro público que realiza las pruebas de forma gratuita pero el funcionario indico que no se les otorgaría el alta de cuarentena si no tenían la prueba de la clínica privada a pesar de ser prohibido la derivación de pacientes a lugares privados.
¿Es normal elegir contratar un hotel de 5 estrellas? ¿Es normal que un funcionario público obligue a los pasajeros a tomarse la prueba del COVID-19 en un lugar privado? ¿Es normal que las entidades públicas equivoquen el protocolo y las personas tengan que pagar las consecuencias? Lastimosamente esto pasa en Bolivia. En estos tiempos del COVID-19 muchos están tomando ventaja de su poder en actos corruptos.
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