Hoy quiero hablar de dos aspectos de la gobernabilidad, aplicados al trabajo municipal. Uno es la eficacia gubernamental que capta la percepción de la calidad de los servicios públicos, de su función, de la calidad de la formulación y de la aplicación de políticas y credibilidad del compromiso del gobierno con tales políticas.
El segundo indicador es el estado de derecho que refleja la percepción de la confianza en las normas de la sociedad, en la Policía, en los tribunales de justicia, en la probabilidad de delito y violencia.
Ambos indicadores pertenecen a un grupo de Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI) del Banco Mundial que resumen las opiniones sobre la calidad de la gobernanza de más de 200 países.
En las noticias de un medio cochabambino se indicó que existe polémica por música alta del carro basurero, “algunas personas aplauden la música, pero otras aseguran que el volumen es demasiado alto y causa contaminación acústica” mientras que la respuesta del gerente de EMSA es que el objetivo es “educar a la población y hacer más ameno el recojo”.
No obstante, no debería haber polémica porque el municipio debería tomar en cuenta la normativa vigente antes de realizar cualquier acción. En este caso, no debería haberse comprado el sistema de perifoneo -gastando vanamente los recursos de la ciudad, si la Ley nacional Nº 1333 del Medio Ambiente y la Ley 165 General de Transporte prohíben y sancionan el uso indebido de bocinas y emisión de ruido excesivo.
En este caso, es el mismo municipio que atenta contra el estado de derecho y reduce la eficacia gubernamental porque no respeta sus propias normativas y contradice el trabajo que el Departamento de Calidad del Aire (Emaire) del municipio realiza en pro de “Cochabamba sin ruido”, atentando contra la salud de la comunidad y realiza gastos innecesarios en este equipo de sonido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el nivel ambiente en el que un ser humano debe trabajar y vivir no debe superar los 55 dB durante el día y 40 dB durante la noche para su salud mental y física. Por tanto, no importa si a algunos ciudadanos les agrada la música de alto volumen de los coches basureros, lo que importa es que se está infringiendo la ley y ¡esto se debería corregir!.
La ciudad de Oruro cuenta con una Ordenanza Municipal para que el 25 de abril se recuerde el día de la no contaminación acústica. Se tendría que evaluar si se cumple con la no contaminación en ésta y otras ciudades no por molestar al municipio sino porque es importante resguardar la salud de la población.
¿Cuántos de nosotros hemos visto motorizados con escape libre y pasan al lado de los policías pero no son detenidos ni multados?, ¿cuántos de nosotros hemos caminado por aceras y escuchado el ruido estridente de grandes parlantes con música a todo volumen que intentan atraer a la gente a ingresar a sus tiendas y hay alguien que hace algo o controla?, al parecer, el Municipio cobra por las licencias de funcionamiento que es un mero papeleo que logra el pago de impuestos anuales pero no da nada en retribución como el control a estas empresas del transporte, o de sus propios funcionarios en pro del verdadero bienestar de la población.
Este tipo de infracciones a la ley por el propio Gobierno se ven y se viven a diario por los ciudadanos de las diferentes ciudades del país, lo que reduce la percepción positiva de la eficacia gubernamental y del estado de derecho.
Los municipios en muchas ciudades del país contratan a guardias municipales que reciben una buena parte de los recursos municipales; sin embargo, ¿estarán cumpliendo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población? ¿Cuántos de nosotros han visto a la guardia municipal caminar por la ciudad, ver infracciones y no reaccionar? Hace unos días vi como rogaban a los motorizados estacionados en lugares prohibidos a moverse del lugar pero no causaban efecto.
¿Por qué no pueden anotar las placas para pasar la multa por el sistema de impuestos, tomar una foto y dejar de rogar? ¿Acaso el aviso de “zona de no estacionar” es opcional? También he visto que diferentes calles se están convirtiendo en mercados porque personas estacionan sus puestos de venta donde sea y la guardia municipal no puede impedir que esto suceda.
Mientras esto se acrecienta, la calle pierde valor de mercado porque nadie quiere vivir en una zona así. ¿Acaso las casas afectadas por este tipo de comercio informal reciben un descuento en los impuestos por sus inmuebles? ¿Qué responsabilidad tiene el Municipio ante esta bajada de valor de los inmuebles? ¿La guardia municipal no podría también resguardar las calles del comercio informal o se tiene que contratar a otro grupo de gente para que haga esta acción en particular, gastando más fondos municipales? ¿Dónde está el trabajo coordinado, integral para la comunidad?
Realmente los municipios de las diferentes ciudades deben dedicar un tiempo a la reflexión para la planificación de acciones ante estos nuevos retos que tienen las ciudades. Su mayor objetivo es garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
En este sentido se deben tomar acciones integrales en las que un funcionario pueda tomar acciones diversas, que entiendan el objetivo y plan municipal en su conjunto no sólo de su unidad. Esto para no seguir contratando gente en diferentes unidades que al final sólo contradigan el trabajo de los otros, además de ser un gasto extra para los fondos municipales sin que mejoren la calidad de vida de la población.
Mejores acciones municipales podrían renovar la percepción que la población tiene respecto a la eficacia gubernamental y al estado de derecho.
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