Publicado en El Pais, 1 de Agosto 2020.
Las emergencias como del COVID-19 podrían ser prevenidas con la corresponsabilidad de funciones. Esto se puede lograr con un Estado que dicte normas, las cumpla y las haga cumplir. Sin embargo, el COVID-19 muestra que existe un colapso Estatal. Fernando del Rincón de CNN dice que hay bastantes muertes de COVID-19 vinculadas a la corrupción debido a equipos e insumos defectuosos que se han adquirido y el New York Times indica que los políticos son los villanos del virus en Latinoamérica. Esto reduce el respeto a las instituciones y autoridades por lo que la gente “hace lo que sea para salvarse”, motivando el individualismo. Las farmacias tienen un protocolo para la venta de medicamentos, pero como nadie controla, se han hecho grandes ganancias en esta pandemia. De la misma manera las clínicas privadas y cementerios que han aprovechado financieramente del colapso de farmacias, hospitales y cementerios públicos. Y así también los médicos y yatiris que han salido a ofertar “tratamientos milagrosos” sin ninguna garantía y con fuerte peligro para la salud. Empresas falsas que han estado vendiendo medicamentos adulterados, etc. Todos han tomado ventaja del colapso Estatal porque nadie controla.
A nombre del COVID-19 casi todo el aparato estatal se ha detenido (por ejemplo, educación, sistema judicial, administrativo) y se está perdiendo grandes oportunidades para generar tecnología e innovación. En salud, por ejemplo, se podría aprovechar para reforzar la salud de primer nivel (detección temprana, prevención) y solo admitir referencias para el segundo y tercer nivel de atención. Esto hubiera evitado el colapso de hospitales COVID-19 y hubiera motivado una mayor inversión en el primer nivel que incluye el seguimiento de pacientes. También se podría aprovechar para coleccionar datos e información, por ejemplo, de cada hospital que está experimentando con diferentes tratamientos y al final, ver cual dio mejor resultado.
Pero hoy se ve que las personas que realmente necesitan o las personas pobres no tienen acceso al sistema de salud por colapso o sus altos precios; y otros enfermos por otras condiciones no pueden llegar al hospital sin miedo a contagiarse del COVID-19. Los médicos de primer nivel de atención no tienen dinero para hacer recorridos casa por casa, no tienen pruebas COVID-19, ni internet o teléfono para realizar llamadas de seguimiento a los pacientes que están en casa.
Hoy, más que nunca, son necesarios funcionarios públicos que tengan experiencia para resolver las emergencias con ideas innovadoras y recibir apoyo del gobierno para lograr que estas estrategias funcionen. Tener funcionarios elegidos a dedo mantiene la inercia en el sistema de salud para que se mantenga como ha estado en los pasados veinte años.
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